EL IMPUESTO ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES NOS CHUPA LA SANGRE

¿Qué es el impuesto específico a los combustibles?
Es la pregunta que muchos nos hacemos, cada vez que escuchamos con desazón que nuevamente subirá el valor de este vital elemento, símbolo del desarrollo en los países del tercer mundo y plataneros. Digo esto porque en Europa el auto eléctrico ya se desplaza como Pedro por su casa, pero acá ni haciendo una vaca con la parentela lo compra.

En pocas palabras, este impuesto fue ideado por unos genios descriteriados que debería ser llevados a juicio, por  estúpidos y por hipotecar los bolsillos de los chilenos, los que bajo la premisa de ayudar a la reconstrucción de las principales vías del país, luego del terremoto que nos afectó el año 85′ no hallaron nada mejor que crear este impuestito.

LA RESPUESTA DIFÍCIL Y TÉCNICA
Este gravamen, está constituido por un componente fijo de 6 UTM por metro cúbico para la bencina y de 1,5 UTM por m3 para el petróleo diesel. Además de un componente variable que se restará del fijo dependiendo de las variaciones de los precios de referencia en donde actúa el SIPCO, Sistema de Protección ante Variaciones de Precios Internacionales de los Combustibles.

El SIPCO es un sistema que regula los precios hasta un 12,5% tomando como referencia el valor establecido por el Ministerio de Economía. En otras palabras, cuando el precio de los combustibles sube ese porcentaje, entra en juego este fondo para evitar un alza demasiado significativa. Si, lo sé, el SIPCO anda de vacaciones.

LA RESPUESTA FÁCIL Y SENCILLA
En términos más simples y para que todos, de una vez por todas tomen cada uno su bandera de lucha, son cerca de $200 por litro que van a parar a las arcas fiscales por el específico, dinero que es aportado por un 35% de los chilenos que usan vehículos propios, pero recuerde que el resto toma colectivo, taxi o micro y el pasaje sube debido al alza de las bencinas. -Y si te preguntas qué pasa con el 80% restante, ese porcentaje corresponde a empresas navieras, aéreas o mineras que NO pagan impuesto, pues gozan de franquicias tributarias otorgadas por el gentil y paleteado gobierno.

Además habría que destacar el hecho que los precios son fijados por la Empresa Nacional del Petroleo (ENAP), quien de manera monopólica vende el carburante, provocando que los consumidores sean quienes se lleven el mayor gasto a fin de cuentas.

No cabe duda que actualmente este impuesto no goza de popularidad, por su efecto inmediato en el bolsillo de los contribuyentes, que al igual que yo, no se explican ¿por qué debemos pagar este impuesto?, cuya recaudación supuestamente era para reparar vías el año 85, si en la actualidad las principales carreteras del país son todas concesionadas, es decir, están en manos de privados, y también tenemos que pagar por usarlas.

-Lo que pasa es que el negocio fue tan lucrativo para el estado, que prefirieron estafar a todos los chilenos para siempre. -Otra nota anecdótica es que Chile es de los pocos países que saca provecho al vender algo que ni siquiera produce, en otras palabras, si importo el combustible, para que el país funcione en su totalidad y en todos sus ámbitos, pero no lo produzco, cómo diablos se explica que además ganen dinero vendiendo abultadamente algo que ni es mío. -Eso se llama especulación y sobreprecio, y es sancionado por este mismo gobierno, al igual que las farmacias fueron sancionadas por inflar los precios, sin embargo esta ley no corre para el gobierno, sólo para el resto de los especuladores del país. Esto es para aclarar la estafa de proporciones que comete el estado contra su propio pueblo.

Otro dato útil para justificar esta editorial, es que Chile ocupa el décimo lugar en el mundo como uno de los países con el valor más abultado de los combustibles y el primero en Latinoamérica. En el resto de los países de habla hispana no existe este impuesto específico y creo en lo personal que sencillamente no lo aceptarían, pero para no desviarnos del tema, se debe tener sumamente claro que este precio abultado va a parar directamente al bolsillo del gobierno. La pregunta del millón ¿y nosotros qué ganamos con eso?, la respuesta ¡NADA!, y esto es porque las arcas fiscales que están llenas como el chanchito, no chorrean las divisas hacia abajo, hacia la gente, ni siquiera gotea.
Hoy en las regiones del sur de Chile, ya se paga mil pesos por el litro y esto sencillamente es un descriterio, un degenerado concepto de barrido de bolsillos en pos de mantener las arcas repletas, ¿pero repletas para quién?

El impuesto específico a los combustibles debe ser eliminado, y reemplazado por un gravamen mayor a las empresas que son quienes más ocupan combustibles, aunque sin eliminar el SIPCO, pensando en regular los precios del mercado.

Hoy el dólar está bajo, no hay guerra en medio oriente, sólo escaramuzas, las bolsas no han reaccionado al alza de manera significativa en 6 meses y Estados Unidos anuncia que tiene un stok guardado de ventas para 3 años más, entonces cómo el gobierno chileno y algunos parlamentarios pueden mirar a la cara a los contribuyentes sin ni siquiera arrugarse. A todo esto, ¿usted cree que a un parlamentario le duele el bolsillo cuando llena su estanque? Con 16 millones mensuales de dieta yo creo que no.

¿POR QUÉ SE CORRE EL RIESGO DE NO SER ESCUCHADOS?
Pues claramente se corre este riesgo si partimos aceptando que ya que existe colusión entre los interesados, pues no hay que olvidar que los dueños de las mineras, empresas navieras y portuarias, las que están libres de este impuesto a las bencinas, son los mismos dueños de otras empresas como Copec, por colocar un ejemplo, que venden el carburante a los ciudadanos comunes y corrientes pero a un valor inflado estratofericamente.
-En resumen, si se eliminara el impuesto específico a las bencinas, (jugando a la política de ficción, pero de híper ficción) aunque sea por un año, los costos bajarían 550 pesos de un viaje y nadie pagaría más de 390 pesos por la bencina más cara o sea la de más octanaje.

Eliminar este impuesto es una necesidad nacional, principalmente porque sus efectos son transversales en la economía del país. Del precio de los combustibles dependen las tarifas de la locomoción colectiva, el precio de las verduras que llegan a las regiones, el precio de los productos que se venden en los supermercados, en los Malls, los zapatos que se compró, el tele que quiere cambiar, o la ropa que le gustó, o usted cree que todas esas cosas se vienen caminando desde las fabricas, no señor, se vienen por aire o por tierra, se vienen en avión o en camión, y estas dos cosas le agregan el valor del transporte por cada litro que el despachador tuvo que pagar para que la tontera llegara a su destino o sea a usted, donde quiera que viva. Y para eso se vino por nuestras hermosas y concesionadas autopistas, donde se deben considerar todos los peajes, que durarán unos 70 años más en nuestro Chile a medias y que ayudan a seguir incrementando el costo de esta vida que ya es una carga que pocos pueden sobrellevar.

La próxima vez que le ponga bencina a su auto, recuerde que los están estafando, así de simple, no existe otra palabra para definirlo, y todas las estafas se pueden denunciar ante la Ley, menos esta, esta no, a esta no la toca nadie.

Para finalizar una buena noticia, los camioneros de Chile está más que choreados, y ya están anunciando por las redes sociales Twitter y Facebook, que planean entregarle un ultimátum al gobierno, y si no son escuchados irán a un paro nacional, dejando al país sin ningún suministro. -Una medida desesperada, pero que siempre ha sido efectiva, si no lo cree, revise la historia y retroceda hasta el año 1973 cuando fue el gran paro de los camioneros de Chile, después de eso todo acabó. ¡Y me refiero todo!

Iván Quintana, Comunicador Social U.C.N
Docente, Licenciado en Educación
Director Tejemedios

LA LEY ANTIDISCRIMINACIÓN, ¿DISCRIMINA EL MATRIMONIO GAY?

Para una persona como yo, que ya sabe de la inexistencia de la democracia en su estado genuinamente puro, y de la ausencia total de tino y criterio entre la parvada de buitres que forman y dan vida a la rancia clase política chilena, el asesinato de Daniel Zamudio es simplemente absurdo, un hecho que jamás debió ocurrir; no obstante, la sociedad entera puede resignificarlo exigiendo a los buitres que legislen de modo sustantivo en contra de las exclusiones.
Más allá de los alcances y dividendos políticos, el Gobierno ha dado suma urgencia al proyecto de ley antidiscriminación, que descansaba y dormía el sueño de los justos en el Congreso desde el año 2005. Además, se planteó el compromiso de escuchar a las diversas organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en el mejoramiento de esta normativa.
Los parlamentarios de la UDI, gente de palo, que esgrimen ser el partido del pueblo, pero de uno que debe ser de marte u otro planeta que no conozco, en ocasiones anteriores se han opuesto férreamente a la aprobación de esta ley, y hace poco manifestaron, a través del diputado Felipe Ward, que apoyarían esta iniciativa legal, siempre y cuando no se transforme en la antesala para introducir la discusión del matrimonio igualitario.

Al parecer, Ward ignora que el texto aprobado en segundo trámite constitucional en el Senado contiene una norma que manifiesta de manera expresa que la ley antidiscriminación no puede ser invocada para afectar el sentido y alcance de otras normas vigentes. Este fue un resguardo introducido por los conservadores para evitar modificaciones en el artículo 102 del Código Civil, en donde se consagrada la definición heterosexual del contrato matrimonial. El temor de los conservadores, representados por el diputado Ward, llega a tal punto que crean normas que atentan contra los principios básicos de la interpretación de la Ley Antidiscriminación.

Ya está más que claro, que es absolutamente innecesario introducir especificaciones como la mencionada anteriormente, es decir, que la ley antidiscriminación no puede ser invocada para variar el actual contenido del matrimonio, justamente, porque no está expresado en su texto ni en su espíritu afectar a otros cuerpos legales, excepto en lo que toca a las agravantes penales, sin embargo algunos políticos con poca sinapsis cerebral, faltos de cualquier tipo de inteligencia política, especialmente aquellos que pertenecen a la UDI, siguen tonteando con sus miedos fálicos, como si el gusto por la homosexualidad o lesbianismo fuera contagioso.

Para ser más fino aún en este tema, debo aclarar, para los que no saben, que el contrato matrimonial es una materia de regulación especial, así lo indican los principios básicos de interpretación legal consagrados en nuestro Código Civil, siempre las normas especiales priman por sobre las generales, como podría ser la ley antidiscriminación.

Lo anterior significa, para pesar de los conservadores, especialmente de la UDI, que no hay argumentos constitucionales para oponerse a la introducción del matrimonio igualitario a nuestro sistema legal, y que conste que no estoy de acuerdo con eso, no estoy a  favor con el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo estoy a favor de los derechos igualitarios y comulgo con la democracia real, efectiva y pareja para todos. También con el derecho a ser feliz, mediante la opción de vida de cada uno. Después de todo, ¿quién soy yo para decirle a otro la manera en que debe ser feliz, o la manera en que debe comportarse para que la sociedad lo acepte?…NADIE. -Yo tengo mis valores, mi religión, y también mi fe doctrinal, pero no puedo imponerla a la fuerza, eso no me lo enseñaron así, ni en la iglesia, ni en la casa.

Es completamente indignante constatar que en nuestro desarrollo jurídico, político y social, los conservadores de este país, confían en la ciudadanía sólo en su papel de electores, pero no como agentes capaces de autodeterminarse y dirigir sus propias vidas, -Equivocados o no-

Iván Quintana
Director Tejemedios
Comunicador Social, Profesor, Licenciado en Educación